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Por Victorino García

Victorino García es el director, fundador y responsable editorial del grupo de medios que engloba a portal lanoticia.ar, noticierodigital.com.ar, Semanario La Noticia y Semanario El Noticiero (junto con la emisora radiofónica próxima a salir al aire).

Su labor se centra en la gestión periodística y coordinación editorial de estos portales de noticias digitales y publicaciones periódicas enfocadas en la actualidad nacional, regional, política y local de la zona norte de La Pampa y el oeste bonaerense, como así también todo tipo de impresiones digitales.

El reciente dictamen del Juzgado Federal de Venado Tuerto, que intimó al Estado Nacional a reparar de forma «inmediata y urgente» las rutas nacionales 7, 8 y 33, encendió una luz de esperanza en las comunidades del sur santafesino y del oeste bonaerense.

Sin embargo, en el ánimo de la región sobrevuela una duda amarga y profundamente justificada: ¿esperamos que este fallo se cumpla o terminará cajoneado como tantos otros?

Las leyes y las sentencias judiciales no son recomendaciones diplomáticas ni sugerencias optativas; están escritas para ser ejecutadas.

Desafortunadamente, la historia reciente demuestra una peligrosa gimnasia de desobediencia institucional por parte de los poderes ejecutivos.

A la memoria colectiva acude el emblemático caso del Río Atuel. La Pampa obtuvo un histórico fallo a favor por parte de la mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fijó un caudal mínimo ecológico para restaurar el ecosistema del oeste pampeano.

Sin embargo, pasan los años, se suceden las gestiones y la sentencia sigue sin cumplirse de manera efectiva. Del mismo modo yacen en los archivos las maquetas e intenciones del Corredor Transoceánico, aquel megaproyecto que prometía unir el Atlántico con el Pacífico y terminó sepultado por la falta de continuidad de las políticas de Estado.

Una traza vital que no admite más parches

La transformación integral de la Ruta Nacional 33 no puede quedar atrapada en esa misma maraña de olvido e incumplimiento.

No estamos hablando de un camino secundario: son casi 800 kilómetros que conectan los dos polos agroexportadores más estratégicos del país, uniendo el Gran Rosario con el puerto de aguas profundas de Bahía Blanca.

A lo largo de su traza, la situación es crítica. En el sur de Santa Fe el deterioro es extremo, pero al ingresar al oeste bonaerense, el tramo entre General Villegas y Trenque Lauquen se convierte en un auténtico cuello de botella.

En esa franja converge la producción del interior profundo con un tránsito pesado incesante:

<ul class="wp-block-list gtfy-97">
<li class="gtfy-94 gutenify-list-item">Peligro extremo en cosecha: Filas kilométricas de camiones de gran porte conviven con el tránsito local en una calzada de un solo carril por mano, multiplicando los sobrepasos de alto riesgo.</li>

<li class="gtfy-95 gutenify-list-item">Ahuellamientos e hidroplaneo: La deformación del asfalto por el exceso de carga transforma la ruta en una trampa de agua invisible durante los días de lluvia.</li>

<li class="gtfy-96 gutenify-list-item">Inseguridad en los accesos urbanos: La falta de autovías de circunvalación y pasos a desnivel obliga al transporte pesado a cruzar por la rutina diaria de los vecinos de Villegas y Trenque Lauquen.</li>
</ul>

El valor de la ley y el respeto al interior

Escudarse en reorganizaciones de gabinete, traspasos de concesiones o congelamiento de partidas presupuestarias, argumentos que el juez federal de Venado Tuerto rechazó de forma tajante, solo contribuye a degradar la calidad institucional del país.

Cuando el Estado ignora una orden judicial que busca proteger el derecho a la vida, la salud y la libre circulación, le envía un mensaje devastador a la ciudadanía: que la ley solo rige para los de abajo.

Convertir la Ruta 33 en una autopista de doble vía desde Rosario hasta Bahía Blanca y garantizar el mantenimiento real de los caminos no es una concesión diplomática para las provincias ni un favor para el sector agropecuario.

Es cumplir con la ley, saldar una deuda histórica de infraestructura y demostrar, de una vez por todas, que en la Argentina las sentencias judiciales se respetan.

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